domingo, 5 de febrero de 2012

Luego creemos que gobernamos nuestro Pais.... ilusos.

ALGUNAS CUESTIONES URGENTES Y CLAVES A ACOMETER POR EL NUEVO GOBIERNO AL OBJETO DE RETENER Y ATRAER INVERSION EXTRANJERA

La Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmChamSpain) lleva alertando sobre los daños que el acelerado deterioro de los indicadores de la economía española - amplificados por un exceso de visibilidad negativa en los medios de comunicación internacionales - puede acarrear, irreversiblemente, en el stock de Inversión Extranjera Directa (IED).

España ha sido durante décadas uno de los principales países receptores de IED a nivel mundial, llegando a ocupar el puesto sexto en la clasificación de la UNCTAD en el 2008. En el año 2009 la IED productiva bruta (y sin ETVEs) cayó un 58,3%, de 29.522 millones en el 2008 a 12.282 millones en el 2009. Los flujos de inversión no se han recuperado desde entonces y hoy estamos en el puesto 20º. Pese a ello, la disminución de nueva inversión no ha venido acompañada hasta el momento de deslocalizaciones masivas de procesos productivos por parte las multinacionales ya presentes en España, que por el contrario han seguido apostando por nuestro país en estos años de crisis. Sin embargo, desde AmChamSpain pensamos que esto puede cambiar radicalmente en los próximos meses.

Nuestra institución cree reflejar el sentir general de nuestras más de 370 empresas socias al trasladar al nuevo Gobierno de la Nación nuestro convencimiento de que con prontitud y eficiencia se van a llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para enderezar la situación económica. De esta forma, comprobamos con enorme satisfacción que muchos de los postulados de nuestro informe “Spain 2020: 25 propuestas para hacer de España una economía más competitiva, productiva e internacionalizada en esta década”  van quedando reflejados en las propuestas emitidas por los máximos responsables del nuevo Gobierno en sus declaraciones públicas.

Con independencia de la importancia que vemos que se le está dando a los temas más urgentes (principalmente la reforma laboral y del sistema financiero) e importantes (educación), trasladamos mediante esta nota al Gobierno la necesidad de actuar sin demora sobre algunas cuestiones que preocupan enormemente a los responsables de los principales inversores extranjeros en el país. La IED tiene el potencial de generar empleo, aumentar la productividad, transferir conocimientos especializados y tecnología, aumentar las exportaciones y contribuir al desarrollo económico a largo plazo. En España la contribución de la inversión extranjera a la economía ha sido espectacular en términos cuantitativos y cualitativos desde los años 60.

Muchas multinacionales están esperando una respuesta contundente del nuevo gobierno en los siguientes temas:

  1. Plazos de cobro de las Administraciones Públicas. Como es bien sabido, España se ha convertido en uno de los países de la OCDE donde las Administraciones Públicas (Estado Central, pero especialmente Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) pagan más tarde. En algunos sectores, como el de las tecnologías sanitarias el plazo medio de cobro es de 421 días y en los medicamentos es incluso más dilatado, con Comunidades Autónomas que demoran sus pagos  más allá de los 48 meses. Por otra parte, las sucesivas legislaciones para atajar la morosidad han aumentado el coste financiero del Estado, que debe pagar intereses de demora, pero no han supuesto mejoría alguna del problema que se ha ido extendiendo inexorablemente a todos los sectores económicos que suministran a las Administraciones Públicas (medicamentos, infraestructuras, maquinaria, defensa…). Esta situación lleva causando enormes problemas de gestión de tesorería a las empresas tanto de origen español como de origen extranjero. Pero en estos últimos tiempos de crisis económica y financiera este problema se ha agravado aún más. A una mayor ampliación de los plazos de pago, le ha seguido el problema de la dificultad de descuento bancario derivada de la situación del sector financiero en España y en Europa. Muchas empresas se encuentran al borde de la quiebra o están reestructurando sus plantillas debido a esta desidia administrativa. Pero lo que es más grave es que la situación europea, y en especial, la reestructuración de la deuda griega, está llevando a muchas multinacionales a replantear su continuidad en mercados que puedan tener cualquier tipo de riesgo de impago. La falta de rigor en los plazos de pago está aumentando una sensación de inseguridad en muchas multinacionales que temen que un problema de falta de liquidez se convierta finalmente en uno de solvencia. Y ante ese riesgo, muchas se están replanteando su continuidad en España.

Es en este sentido, AmchamSpain solicita urgentemente al Gobierno una normativa que:

-                  Establezca claros compromisos y calendarios de pago de las deudas acumuladas hasta la fecha por el conjunto de las Administraciones Públicas con sus suministradores.

-                  Establezca la obligación de adoptar los presupuestos con dotaciones finalistas, llevando a cabo seguimientos permanentes para evitar desviaciones con plazos de pago asumibles por los proveedores.

-                  Establezca responsabilidades claras para aquellos funcionarios que no respeten los límites de morosidad.

  1. Propiedad industrial e intelectual. La existencia de una sólida protección de la propiedad industrial e intelectual es uno de los requisitos fundamentales para que las empresas decidan invertir en un determinado país en general, y en I+D+i en particular. España tiene que hacer un esfuerzo para luchar contra la piratería. El USTR estadounidense ha incluido por quinto año consecutivo a España en la “watch list” de su informe anual “Special 301” como “país que no ofrece adecuado nivel de protección a la Propiedad Intelectual (e Industrial) en función a su nivel de desarrollo”.  Este problema afecta tanto a las empresas con tecnologías o productos patentados, como a las que se basan en marcas reconocidas y, por supuesto, también a las industrias de contenidos digitales. Muchas de estas empresas son empresas extranjeras que pueden comparar el trato legislativo que existe en otros países desarrollados con la laxitud que existe en España. En este sentido, desde AmchamSpain pedimos una legislación que se equipare a la de los países más avanzados en esta materia, y que se haga un esfuerzo mayor en campañas de concienciación pública, incluyendo un mayor nivel de percepción sobre este asunto por parte de la judicatura y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. En este contexto, muchas multinacionales, tanto del sector de contenidos como de otros sectores con patentes o marcas relevantes, veían el consenso legislativo creado entorno a la llamada Ley Sinde como un gran avance para terminar con la impunidad en esta materia. Su falta de aprobación antes de las elecciones ha supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia para la IED.

Es en este sentido, AmchamSpain solicita urgentemente al Gobierno que recupere el consenso alcanzado al final de la anterior legislatura y promueva una legislación clara que penalice de forma contundente la piratería industrial e intelectual.

  1. Seguridad jurídica. La profusión normativa de los últimos años ha aumentado el nivel de incerteza de las empresas que se encuentran ante una maraña de legislación estatal y autonómica para todas y cada una de sus actuaciones, con costes desorbitados y difícil percepción sobre lo que es correcto y lo que no lo es. Esta situación viene agravada por una Administración de la Justicia muy ineficiente, con plazos eternos y resultados cuanto menos inesperados. A ello se le ha unido la crisis económica que obliga a disminuir gasto y aumentar ingresos. La disminución de gastos está suponiendo en muchos casos la falta de cumplimiento de compromisos adquiridos; la necesidad de aumentar ingresos, un cierto estímulo a los funcionarios de la Agencia Tributaria para que persigan lo imperseguible. Muchas multinacionales están empezando a dudar sobre la seriedad del país en el cumplimiento de las leyes y temen que el cambio de Gobierno suponga un aumento, y no una disminución, de la incertidumbre regulatoria y la inseguridad jurídica en cuanto pueda existir la tentación de modificar arbitrariamente lo pactado en la anterior legislatura.

En este sentido AmchamSpain, solicita urgentemente al Gobierno que de señales claras de que la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y el respeto al Estado de Derecho van a ser los elementos claves en los que se va a fundamentar su acción en esta legislatura.

  1. Imagen económica de España en el Exterior. Como es bien sabido, desde mayo del 2010 España está en el punto de mira de los mercados internacionales. Junto al acelerado deterioro de nuestros indicadores de coyuntura (desempleo, crecimiento, déficit, deuda pública…) se ha deteriorado también nuestra reputación internacional como potencia económica, que por lo demás ha sido poco reconocida incluso en los mejores años de bonanza. Por mucho que sea coyuntural y seguramente desproporcionado e injusto, el nuevo Gobierno de la nación debe tomarse muy en serio el deterioro de la imagen de España, que va a ser muy difícil de recuperar en un futuro cercano. Una mala imagen lastra a las empresas en sus planes de inversión, a las marcas del país, al país como lugar donde hacer negocios, lastra los mercados de deuda, pública y privada, y de capitales, etc.

Desde AmchamSpain creemos que el Gobierno debe comenzar a consensuar un Plan de Imagen que sirva de paraguas en el exterior a las empresas españolas y a sus productos, a España como país serio para hacer negocios e invertir, y como potencia económica con posibilidad de añadir valor a la gobernanza mundial.

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Para todo ello, y para apoyar las otras muchas reformas estructurales que el país necesita, AmChamSpain pone a disposición del Gobierno su capacidad de análisis y de interlocución con la comunidad internacional. Nuestros socios representan una facturación agregada en España de 248.000 millones de euros y generan más de un millón de empleos. Empresas de origen español y estadounidense, grandes empresas y Pymes, todas ellas con un elemento en común: una visión internacional de la economía española. Nuestra adscripción a la principal red empresarial a nivel mundial, con presencia en 108 países y en cada ciudad, estado y sector de actividad estadounidense nos va a permitir coadyuvar en la transmisión de mensajes positivos a la comunidad de negocios internacional. Y nuestros 16 órganos internos, nuestra Junta de Gobierno, nuestro Consejo Asesor y nuestros Comités y Grupos de Trabajo, todos ellos van a dirigir sus esfuerzos a sugerir medidas y apoyar la acción del Gobierno en este momento histórico.


                                                                                   Madrid, a 29 de diciembre de 2011

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